Pueblos Originarios y una huelga de hambre frente al Congreso

El Malón de la Paz lleva dos meses en la Ciudad de Buenos Aires sin obtener respuestas que modifiquen la grave situación de las comunidades de los pueblos originarios de Jujuy, que con la reforma de la constitución provincial ven sus territorios en riesgo frente al avance del negocio del litio.

Por esto, desde el 19 de septiembre tres de sus integrantes comenzaron una huelga de hambre. Permanecen encadenados a las rejas del Congreso de la Nación, en reclamo a que la Cámara de Diputados otorgue una audiencia y convoque a una sesión por la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy. Esta mañana denunciaron que solicitaron atención médica y el SAME no quiso acercarse a atenderlos a chequear su estado de salud.

“No nos atienden. Están acá, pero se quedan lejos, sin acercarse”, dijo Néstor Jerez, uno de los ayunantes, a los medios. Con él permanecen en huelga de hambre Eva Caliscaya y Walter Condorí. Integrantes de las comunidades dijeron más tarde que su estado de salud es estable, aunque están debilitados por el ayuno y la permanencia a la intemperie.

El Congreso tiene para su tratamiento la intervención federal de la provincia de Jujuy así como la sanción de una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. La aprobación de esta ley es clave para los pueblos originarios, que aunque son habitantes ancestrales de Jujuy, carecen de títulos de propiedad sobre sus tierras.

“Todavía más nos preocupa el extractivismo y sus efectos de contaminación. No sólo tenemos un problema de propiedad de las tierras, sino de falta de cuidado del territorio. Sin agua, los animales se mueren y las tierras no se pueden cultivar, entonces necesitamos que haya un cuidado del ambiente que el extractivismo no tiene. Es una cuestión que nos afecta a todos, no sólo a los pueblos originarios, y en este momento estamos viendo cómo hay intereses internacionales que quieren avanzar los recursos naturales de todos, los de Jujuy pero también los de Salta, Catamarca, La Rioja”, señaló María Eugenia Talavera.

El Malón llegó a Buenos Aires el 1° de agosto y desde entonces los meses pasaron sin que el Congreso incluya estos proyectos en su agenda. Las comunidades han presentado varias notas a las dos Cámaras, sin tener eco.

“Queremos que los diputados nos reciban para poder contarles la gravedad de nuestra situación. Es claro que existe una cuestión política de no avanzar en anular la reforma de la Constitución, pero esta es una cuestión de generar conciencia: estamos levantando banderas para frenar la contaminación y poder garantizar la vida de las generaciones que vienen”.

Desde que iniciaron la huelga de hambre, apenas tres diputados se acercaron para hablar con los reclamantes y saber de sus demandas: Juan Marino y Lía Caliva, del Frente de Todos, y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad). Tampoco los ministros de la Corte Suprema de Justicia recibieron al Malón.

Mientras los tres ayunantes permanecen encadenados al Congreso, los otros integrantes del Malón duermen frente a los Tribunales porteños, en la plaza Lavalle. La lluvia, el frío, la falta de agua de red son algunas de las durísimas condiciones en las que sostienen su protesta.

Algo consiguieron: el gobierno dispuso, por decreto, crear una comisión investigadora sobre la violencia institucional en la provincia de Jujuy, que en un plazo de 60 días deberá recabar las denuncias contra la gobernación de Gerardo Morales y las elevará a la Corte Suprema y el Congreso. La medida fue considerada un paso importante por los integrantes del Malón. Sin embargo, aún hay que esperar a que se termine el proceso administrativos para que la Comisión se constituya formalmente.