Los Estados deben respetar los derechos humanos al emplear apps para combatir la pandemia del COVID-19
Desde el inicio de la pandemia de coronavirus, distintos gobiernos de todo el mundo han diseñado y utilizado apps para teléfonos celulares con el objetivo de detener, o al menos controlar, el contagio.
Pero las aplicaciones pueden habilitar vigilancia digital que no debe prolongarse más allá de la crisis sanitaria que afecta a todo el planeta. Amnistía Internacional realizó una serie de recomendaciones para que la tecnología puesta al servicio de la salud no se convierta en una violación a los derechos humanos.
Las aplicaciones pueden jugar un papel importante durante la pandemia para difundir información de salud pública, facilitar el acceso a los servicios de salud y contribuir a prevenir posibles contagios que pueden salvar vidas. Las iniciativas más comunes incluyen el rastreo de movimiento vía GPS o el uso de la tecnología Bluetooth para la identificación de contactos, y la creación de aplicaciones (apps) de salud.
🇦🇷En Argentina, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están adoptando algunas de estas iniciativas, como la app CuidAR desarrollada por el gobierno nacional. Cualquiera sea la herramienta desarrollada, las iniciativas que los gobiernos implementen para contener el virus deben ser respetuosas del derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
“Desde Amnistía Internacional venimos monitoreando en distintos países el empleo de estas tecnologías en el contexto actual de emergencia de salud. Como organización de derechos humanos, estamos pidiendo a los Estados respetar los derechos humanos al emplear tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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En tiempos extraordinarios, el derecho internacional de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, las normas de derechos humanos tienen por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio de los distintos derechos para proteger a las personas y las sociedades en general.
Los Estados no pueden desatender derechos como la privacidad y la protección de datos personales con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Ahora más que nunca, los gobiernos deben garantizar que sus iniciativas sean compatibles con las normas de derechos humanos y el estado de derecho. Las decisiones que se tomen ahora determinarán cómo será el mundo en el futuro.
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