Dueña del colectivo que protagonizó la tragedia de Zanjitas en San Luis pidió perdón a las familias

Dueña del colectivo que protagonizó la tragedia de Zanjitas en San Luis pidió perdón a las familias

La dueña del colectivo que fue atropellado por un tren de carga, accidente en el que murieron 6 niñas y dos docentes de una escuela de San Luis, pidió perdón a los familiares de las víctimas, al declarar ante el el tribunal de la Cámara penal N° 2 de San Luis

Mabel Tyempertyopolos era propietaria del colectivo que fue embestido por un tren de la compañía América Latina Logística, que transportaba un convoy de carga con 44 vagones contenedores el 2 de noviembre de 2011 en un paso a nivel de la ruta provincial Nº 3 y las vías del ferrocarril San Martín.

La mujer, acusada de homicidio culposo y lesiones graves, declaró por aproximadamente 10 minutos, se mostró angustiada y debió seguir el juicio desde una sala adjunta debido a una descompensación.

En el ómnibus viajaban 48 pasajeras, entre niñas, maestras y personal del colegio Santa María.

En su declaración, la mujer pidió disculpas y afirmó que no tiene ganas «de estar en este mundo» y aseguró que desde el día del hecho siente «un dolor y angustia insostenible por esas criaturas».

Visiblemente afectada, la mujer debió afirmó que se siente «responsable de lo sucedido» y que daría «su vida por la de una de las nenas que murieron».

El juicio debió comenzar en julio pasado, pero la empresaria estaba internada en Rìo Cuarto por haber intentado suicidarse y sin alta médica se presentó hoy a declarar acompañada de un psiquiatra.

Las alumnas y docentes y alumnas del Colegio Santa María que perdieron la vida en el viaje se encontraban Salomé (11), Julieta (10), Lara (10), Paula (11) y Luz María (10) y Daira (10); y sus maestras Jésica (23 años) y María Virginia (30 años).

Cinco testigos sucedieron a la empresaria en su declaración entre los que se preveía el testimonio de un empleado y un colaborador de la empresa, el representante legal de la institución educativa, una empleada del colegio y un testigo ofrecido por el abogado querellante, Jorge Sosa.

La fiscalía de Instrucción solicitó una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y la inhabilitación por 10 años para la empresaria.

El Tribunal que determinará su culpabilidad está integrado por Hugo Saá Petrino, Gustavo Miranda Folch y José Luis Flores.

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