“Ciberpatrullaje”: Amnistía Internacional advierte sobre los peligros de la vigilancia social y su potencial amenaza para los DDHH

Amnistía Internacional expresa profunda preocupación por las declaraciones de la Ministra de Seguridad ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados. En una videoconferencia, Sabina Frederic admitió que el gobierno utiliza el “ciberpatrullaje” en las redes sociales «para ver el humor social y prevenir situaciones».
Actualmente, no solo Argentina sino el mundo entero se encuentran ante una situación inédita. Amnistía Internacional valora el enorme esfuerzo y coordinación que está llevando adelante el gobierno nacional junto al de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y las provincias de todo el país para controlar al coronavirus.
El gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y de prevenir, tratar y controlar la pandemia. Con este fin, puede restringir temporalmente algunos derechos humanos para responder a situaciones puntuales y coordinadas.
Sin embargo, Amnistía Internacional advierte que, en este marco de excepcionalidad y conforme lo establece el derecho internacional, es esencial que las medidas que se adopten sean necesarias, legítimas y proporcionales. Además, es indispensable que el Estado demuestre que no existe otra vía menos lesiva para lograr el fin requerido.
“Estamos viviendo una situación excepcional, pero el derecho de los derechos humanos sigue siendo aplicable. De hecho, el marco de los derechos humanos tiene por objeto garantizar un cuidadoso equilibrio para proteger a las personas y las sociedades en general. Los Estados no pueden desatender derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de salud pública. Justamente por ello, el gobierno debe ser transparente con respecto a las medidas que toma. No podemos dejar que la pandemia de COVID-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La tecnología puede y debe desempeñar importantes funciones durante esta emergencia que se lleva adelante para salvar vidas. Por ejemplo, difundir mensajes de salud pública y/o aumentar el acceso a los servicios de salud son vitales. No obstante, el aumento de los poderes de vigilancia digital de los Estados puede representar una violación la privacidad, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Para Amnistía Internacional una buena iniciativa sería convocar a especialistas, académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil  para conversar y debatir acerca de los incrementos de vigilancia digital que son necesarios implementar para hacerlo de forma legitima y transparente.

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