Trabajadores de la salud silenciados, expuestos y atacados: más de 3 mil murieron a causa del COVID-19
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Amnistía Internacional publicó un informe en el que recopiló datos sobre las tasas de mortalidad de los trabajadores de la salud de 79 países: más de 3.000 trabajadores de la salud murieron a causa de COVID-19 en todo el mundo, una cifra que probablemente esté subestimada y que puede verse plasmada en este mapa. Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes de trabajadores sanitarios y esenciales a los que no protegieron de la pandemia.
La organización logró reunir información de 63 países y territorios de todo el mundo acerca de los desafíos extremos a los que se enfrentan los y las trabajadores de la salud. En Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, los trabajadores y trabajadoras de centros de salud representan el 14% de los contagios de COVID-19.
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Los trabajadores sanitarios informaron de una grave escasez de equipos de protección personal en casi todos los países estudiados en el informe de Amnistía Internacional. Esto incluye territorios que aún atraviesan lo peor de la pandemia como India, Brasil y varios lugares de África.
Tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires, las dos jurisdicciones con mayores contagios, han sido numerosos los reclamos de trabajadores, trabajadoras y sindicatos de la salud por la falta de equipos de protección personal necesarios y la falta de presupuesto. Esta situación se repite en Chaco, Misiones y Santa Fe, entre otras provincias. En la capital de la provincia de Tucumán, una médica de la salud pública señaló a Amnistía Internacional que durante las primeras semanas los profesionales no contaban con los equipos de protección correspondientes y las autoridades les entregaban telas para que se hicieran sus propios barbijos.
A nivel global, muchos trabajadores sanitarios tuvieron problemas para acceder a una remuneración e indemnización adecuadas (o en algunos casos no se les paga en absoluto) y, cuando intentaron expresar los motivos de su preocupación, fueron objeto de represalias por parte del Estado y las entidades empleadoras.
En Argentina, el gobierno Nacional anunció un bono para los profesionales de la salud del sistema de salud público, privado y de seguridad social. Durante las últimas semanas se conocieron diversos reclamos en todo el país por la mejora de las condiciones laborales y mejora de salarios. Por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Santa Fe y Tucumán.
Amnistía Internacional documentó a nivel global varios casos en los que trabajadores de la salud y de servicios esenciales sufrieron estigma y violencia debido a su trabajo. Por ejemplo, en México una enfermera fue bañada de cloro mientras caminaba por la calle, y en Filipinas los agresores vertieron lejía en la cara de un trabajador del servicio público de un hospital.
Algunas personas también han sufrido actos de violencia y han sido estigmatizadas debido a las profesiones que ejercen. En al menos diez países (incluyendo Argentina) se recibieron informes de trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron desalojados de su vivienda, sufrieron intentos de desalojo, tuvieron dificultades para encontrar un lugar donde vivir o fueron estigmatizados en el lugar donde residen.
«Dado que la pandemia de COVID-19 sigue presente en todo el mundo, los gobiernos deben tomarse en serio la salud y la vida de los trabajadores esenciales. Los derechos humanos del personal sanitario y trabajadores esenciales deben estar protegidos en sus centros de trabajo y en las comunidades. Cuando estas personas no están seguras, toda la sociedad paga el precio. Los países que aún no atravesaron lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de los gobiernos cuyo fracaso en la protección de los derechos de los trabajadores ha tenido consecuencias devastadoras”, señaló Mariela Belski, directora de Amnistía internacional Argentina.
Los Estados afectados por el COVID-19 deben realizar revisiones públicas independientes sobre su preparación y respuestas a la pandemia, para proteger mejor los derechos humanos y las vidas en caso de un futuro brote de enfermedades masivas. Esto debería incluir un examen para determinar si se protegen adecuadamente los derechos de los trabajadores de la salud y los trabajadores esenciales, incluido el derecho a condiciones de trabajo dignas y favorables, y el derecho a la libertad de expresión.
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