Desde el lanzamiento de la Moratoria Previsional en 2005, las sucesivas iniciativas de este tipo contribuyeron a ampliar la cobertura previsional en Argentina a más de 90% de los mayores de 65 años. Sin embargo, esto también afectó la sostenibilidad del sistema previsional. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), para ser sostenible el sistema previsional requiere de 3,3 personas activas por cada pasivo. Pero, con datos a diciembre del 2021, dicha tasa es de 1,6, es decir, que actualmente por cada jubilado existen menos de dos personas trabajando (y aportando). De esta manera, se necesita el doble de personas activas para que el sistema previsional sea sostenible.
Los desequilibrios del sistema previsional también tuvieron su correlato en la evolución del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y pensiones. Para dar dimensión, el poder adquisitivo de un haber mínimo, al que hoy acceden la mayoría de los jubilados, cayó 31% desde su máximo en el año 2013.
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dice que “la reforma previsional y la reforma laboral son dos caras de una misma moneda. Que las moratorias previsionales se hayan convertido en una constante en nuestro país es el reflejo de la crisis del sistema laboral, que no genera empleo registrado ni premia la productividad. Reformar uno sin el otro es simplemente inconsistente”.
Santiago Casas, Economista de la Fundación Libertad y Progreso dice que “esta desproporción en los niveles de jubilaciones y pensiones por moratoria responde a una política económica irresponsable. El aumento de individuos jubilados sin aportes terminó de quebrar al sistema previsional, que de por sí ya era débil en dinámica por los cambios en la pirámide poblacional. Es fundamental revisar esta situación para una mejor administración de los fondos públicos”.
Emilio Prado, economista de la Fundación Libertad y Progreso dice que “el continuo desequilibrio fiscal en el que se encuentra sumergido el país y los tantos daños colaterales que ha producido (y produce) en la economía, hace que un nuevo régimen de moratoria aplicable en más de 800.000 trabajadores tenga un impacto tal que dificulte la reducción del déficit fiscal en el tiempo. En ese sentido, el Centro de Estudios de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la absorción de las dos moratorias ya vencidas (24.476 y 26.970) en el marco de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP) tendría un costo fiscal de casi medio punto del PBI”.
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