El debate que llega a la Ciudad: Pasantías en 5to Año ¿Oportunidad de Futuro o Mano de Obra Gratuita?

Hace días atrás, el Jefe de Gobierno porteño,  Horacio Rodríguez Larreta, comunicó oficialmente que los estudiantes del nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires tendrán prácticas laborales obligatorias a partir del año que viene para «combinar el saber con el hacer» y así poder insertarse en el mundo laboral.

 “Los estudiantes tendrán prácticas laborales obligatorias para tener herramientas que le permitan acceder a un primer trabajo», señaló  Larreta e inció un nuevo debate que ya se vive en la Ciudad Capital: ¿Oportunidad de desarrollo o mano de obra gratuita?

El Anuncio Oficial

En palabras oficiales, el programa de pasantías obligatorias regirán tanto para los estudiantes de escuelas públicas como privadas de la Ciudad, quienes deberán realizar 120 horas cátedra de prácticas laborales como parte de la cursada necesaria para aprobar el último año.

El Gobierno porteño explicó que serán en «organizaciones y empresas», aunque también podrán realizarse en el Estado. Al respecto precisó que «podrán elegir según la orientación de la escuela o la vocación de cada estudiante, tanto prácticas en el sector productivo, en el Estado, en el ámbito cultural, el comunitario, la educación superior, el mundo científico académico».

Según cifras oficiales, son un total de 29.400 estudiantes de alrededor de 442 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de gestión pública y privada. Estas “prácticas laborales” serán  obligatorias en empresas y organizaciones privadas. Tendrán 120 horas cátedras que se suman a 30 horas de espacio de capacitación sobre educación financiera y habilidades blandas para el trabajo. Larreta señaló que “las virtuales pasantías obligatorias se ofrecerán como supuestas opciones para que los estudiantes puedan elegir según la especialización de las escuelas.

En este sentido, desde el gobierno porteño se habló de cuatro prioridades: «Primero en lo que respecta a tecnología; segundo más horas de clase; tercero la capacitación docente, porque para formar a los estudiantes del futuro necesitamos docentes del futuro; y cuarto la transformación de la escuela secundaria, para que tengan prácticas educativas en el mundo del trabajo».

Por su parte, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, remarcó que las prácticas formativas serán de 120 horas cátedras que se suman a 30 horas de un espacio de capacitación y formación sobre educación financiera.

El rechazo de la Comunidad Educativa y los Gremios

La medida, como se detalló líneas arriba, despertó el rechazo de una parte del sector académico. Tal es el caso de Amparo López, vocera del centro de estudiantes del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas «Juan Ramón Fernández», quien acaba de pasar a quinto año, aseguró que esta iniciativa es un «guiño a los empresarios» y que no harán más que «generar mayor precarización».

Por su parte, Luz Schiffmacher, vocal del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), aseguró que -contrario a lo que se argumentó desde el Ejecutivo porteño- esta «no es una respuesta válida» ante la demanda de empleo para las juventudes.

«El problema del desempleo joven no está en la falta de formación, sino en que no se está creando empleo porque siempre buscan abaratar la mano de obra», agregó.

Por su parte los estudiantes agrupados en la CEB difundieron un comunicado en el que destacaron que el anuncio del gobierno porteño «es una medida que no fue comunicada directamente» y que deja «una enorme cantidad de baches pedagógicos y sobre todo, otra vez nos impide el espacio de diálogo a las comunidades educativas para poder debatir realmente que necesita la educación».

«Es puro marketing político lo que hace el Gobierno de la Ciudad. Ellos hablan de la educación del futuro pero en tiempos de pandemia no nos dieron la conectividad que necesitábamos y con esta iniciativa se apunta a una profunda precarización laboral de los más jóvenes«, afirmó Pereyra. Y añadió: «Nos quejamos de las pocas políticas del empleo joven y esta no viene a ser una solución concreta. Entendemos que no es una experiencia educativa sino que es mano de obra barata».

Mirada similar se desprende desde el ámbito gremial. En este aspecto, tanto UTE-Ctera como Ademys sostuvieron que la decisión del gobierno de CABA «no contribuye al desarrollo de los jóvenes», advirtieron que «la escuela secundaria no tiene este propósito» y acusaron al jefe de Gobierno de querer impulsar el trabajo precarizado de estudiantes.

«Desde el Ministerio (de Educación) impulsan el trabajo precarizado de estudiantes y la escuela secundaria no tiene este propósito. Tendrían que estar trabajando en la orientación e inclusión de los estudiantes en los circuitos de educación superior», afirmó Angélica Graciano, secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera).

Ambos gremios criticaron lo que entienden como “improvisación” sin tener prevista la implementación. Además, indicaron que no tuvieron «ninguna reunión ni trabajo en este sentido» previamente. “Está hecho para producir de titulares», aseguraron.

Marisabel Grau, secretaria de prensa de la Asociación Docente Ademys, argumentó que desde el gremio rechazan el «intento del gobierno de la Ciudad de llevar adelante prácticas laborales y pasantías en las escuelas secundarias desde el 2017 con la implementación de la Secundaria del Futuro».

Según había remarcado el mandatario porteño, las prácticas educativas en los ámbitos laborales «van a ser claves para el futuro porque combinan el saber de la escuela con la práctica, donde hay que conectar a los chicos con las herramientas que despierten su vocación».

«De ninguna manera entendemos que la prioridad tiene que ser la inserción en el mercado laboral. Toda la reforma de la Secundaria del Futuro apunta a que los chicos se adapten a un mercado laboral precarizado, en el que no se requieren conocimientos específicos», agregó Grau.

En este sentido, sostuvo que la escuela secundaria debe apuntar a potenciar «el pensamiento crítico y el conocimiento que contribuya al desarrollo de personas que puedan transformar la sociedad y aspirar efectivamente a un acceso a la Universidad y a los institutos terciarios».

La juventud: mano de obra barata y precarizada

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el primer trimestre de 2021 el empleo no registrado alcanzó al 65,7% de los jóvenes de hasta 24 años. Sin embargo, esta estadística no contempla todas las formas de informalidad. De acuerdo con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el cuarto trimestre de 2020, el 73% de los jóvenes de entre 16 y 29 años del Área Metropolitana de Buenos Aires poseía un empleo informal.

Este cálculo tiene en cuenta la situación de los trabajadores asalariados sin descuento jubilatorio y, dentro de la categoría de no asalariados, a los trabajadores familiares sin remuneración y los cuentapropistas con ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) con una jornada laboral de 35 horas semanales o más. En los sectores con menores ingresos, la informalidad abarca entre el 86% y el 94% de los jóvenes.

¿Es Legal una “Pasantía no Rentada”?

Astutamente Rodríguez Larreta, al dar a conocer la iniciativa, se cuidó de hablar de “pasantías” y prefirió llamarlas con el eufemismo de “prácticas educativas en el ambiente laboral”, accediendo así a un “gris legal” que le permitiría no aplicar un contribución monetaria como contrapartida a esos futuros trabajos.

Lo cierto es que las prácticas educativas están permitidas por la ley nacional 26.206 aprobada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner.  A su vez, la Ciudad dictó la ley 3.541 en 2010, con Mauricio Macri en su carácter de Jefe de Gobierno porteño. Esta última regula estas pasantías, pero aclara en su artículo 2 que deberán tener carácter no obligatorio.

Al imponer la reforma Secundaria del Futuro en 2017, Larreta ya había intentado implementar pasantías gratuitas. Eso despertó una cascada de oposiciones y denuncias judiciales. Los reclamos de los estudiantes, interpuestos por la Ministerio Público Tutelar porteña, y los de los padres, madres y docentes, patrocinados por la Defensoría General, se mantienen todavía sin resolver en el Supremo Tribunal de Justicia, cuya presidenta es Inés Weinberg.

La definición del Ministerio de Educación porteño del jueves, a través de la Resolución 3958/2021, establece en su anexo I una instancia introductoria obligatoria para los estudiantes con la imposición de hacer al menos un itinerario de la práctica. Lo que haría entrar en conflicto legal respecto a la antedicha Ley 3.541.

 

Para CincoDias por Juan José Postararo

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