En medio de una disputa entre los bloques mayoritarios, Diputados convirtió en Ley el Proyecto para Auxiliar la Actividad Turística

Cobertura Especial desde NCN (Noticias Congreso Nacional)

Tras una reñida reunión de labor parlamentaria, que se extendió por más de siete horas y en la que Juntos por el Cambio rechazó llegar a un acuerdo por las sesiones virtuales, la Cámara de Diputados convirtió en ley esta madrugada por amplia mayoría el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

El proyecto fue sancionado por 127 diputados, mientras que los legisladores de izquierda Romina del Pla y Nicolas del Caño se abstuvieron.

El debate se realizó sin la participación de los diputados de Juntos por el Cambio que se retiraron del recinto de sesiones luego de casi seis horas de expresiones políticas sobre el funcionamiento virtual del cuerpo, ya que consideran que la sesión no es válida porque dicen que no está vigente el sistema telemático.

La sesión especial virtual se realizó con la participación de los diputados del Frente de Todos, el Interbloque de Unidad para el Desarrollo, bloque justicialista, Córdoba Federal, la izquierda y el Movimiento Popular Neuquino, ya que Consenso Federal y el socialismo no se incorporaron al debate.

Iniciada la misma y tras el izamiento de la bandera, mientras el secretario parlamentario, Eduado Cergnul, leía la orden del día, los diputados de Juntos por el Cambio golpeaban sus bancas con las manos y pedían la palabra, que fue posteriormente cedida por Massa.

Al pronunciarse, el radical de Chubut, Gustavo Menna indicó que la sesión no podía arrancar porque no estaba garantizado el quórum. “Aquí no hay 129 diputados presentes”, dijo e insistió con la no vigencia del protocolo para las sesiones mixtas virtuales. Exigió que la prorroga sea aprobada «por consenso».

A su turno el diputado Nacional por UCR-Cambiemos, Luis Petri, sostuvo destacó que «no vamos a permitir que se lleven puesta la República y metan por la ventana la Reforma Judicial».

La interpretación sobre la legalidad o no de llevar adelante la reunión en el recinto y si ésto corrompía o no el reglamento interno de la Cámara, conllevó un extenso e intenso debate, que se prolongó hasta altas horas.

No fue hasta entrada la madrugada que comenzó recen el debate por el Proyecto. En este sentido el diputado formoseño del Frente Todos, Ramiro Fernández Patri, aseguró que «es un proyecto muy esperado y los diputados que no están acá no sé cómo van hacer para mirar a los ojos a un mozo, que están esperando con ansias esta ley».

Uno de los puntos claves es que contempla una compensación de un crédito del 50 por ciento por parte del Estado Nacional a los turistas que compren un paquete que lo podrán utilizar en ese viaje u otro que realicen a lo largo del 2021.

Sobre este punto, Fernández Patri puso en valor el aporte que hará el Estado de otorgar un 50 por ciento del valor a «los paquetes de preventa que se adquieran este año para volver a utilizarlo en ese destino u otro el próximo año para fomentar el turismo».

«Todos estábamos esperando desde hace muchas horas para debatir este proyecto que le interesa al pueblo argentino y en especial a los 500 mil trabajadores«, agregó.

La diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard aseguró que «es una actividad virtuosa por excelencia ya que no solo hay grandes hoteles o complejos sino muchas familias trabajan en el turismo, que es un gran motor que genera empleo y divisas» y en Entre Rios «es la cuarta actividad económica».

Por su parte, el titular de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que es una «ley esperada porque esta actividad requiere de una presencia muy fuerte del Estado donde tiene que haber un equilibrio entre las empresas, los trabajadores y los consumidores».

Criticó los artículos 28 y 29 del proyecto que «vienen a romper con uno de los derechos más básicos de los consumidores: el de la solidaridad de toda la cadena de comercialización. Esta ley lleva más de 30 años y la emergencia no puede pisotear otros derechos».

Ramón lamentó que en esta iniciativa «no se tuvo en cuenta a los consumidores que no podrán recuperar el precio de los pasajes que abonaron y no pudieron concretar, en especial aquellos adquiridos en las plataformas de intermediación y con tarjetas de créditos».

El diputado del Frente de la Concordia, Diego Sartori, dijo que «esta ley reconoce el esfuerzo del gobierno argentino» y dijo que «el turismo es una de las actividades más importantes para Misiones y por eso estamos firmes en aprobar esta ley que abarca a más de 470 mil trabajadores».

En tanto, el diputado de Juntos Somos Rio Negro, Luis Di Giacomo señaló que ésta ley «es muy importante para Río Negro ya que incide mucho en el Producto Bruto de la provincia, ya buena parte depende del turismo.»

Desde la izquierda, la diputada Romina del Pla anunció que junto a Nicolás del Caño se abstenían en la votación ya que «no estamos de acuerdo que se disminuyan los aportes patronales a la contribución social, que no son plata de las empresas sino diferimiento de los sueldos de los trabajadores».

En la misma jornada la Cámara tambien aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que reforma la ley de Pesca, con el objetivo ampliar y actualizar las multas por pesca ilegal en el Mar Argentino.

Con la sanción de esta iniciativa, el Gobierno busca combatir las prácticas ilícitas por parte de los buques en el Mar Argentino ya que las sanciones previstas antes de la reforma en debate quedaron desactualizadas porque datan de hace más de veinte años.

La iniciativa fue aprobada por los votos que fueron aportados por la bancada del Frente de Todos, Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Córdoba Federal y el bloque Justicialista.

Al abrir el debate, la diputada del Frente de Todos, Ayelen Sposito, dijo que esta ley «complementa las leyes que ya se aprobaron para reafirmar la soberanía sobre Malvinas» y defiende «el cuidado de nuestros recursos» .

Tras reseñar los detalles de la ley, la legisladora dijo que la Argentina pierde «millones de dólares por la pesca ilegal».

En tanto, el diputado oficialista Santiago Igon, señaló que «es fundamental la sanción de esta ley porque se pierden 300 mil toneladas que se lleva la pesca ilegal» y dijo que «complementa las acciones comprendidas en el gobierno en la defensa de la soberania».

El diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, dijo que esta iniciativa «es muy buena noticia porque es necesario armonizar una política en defensa de los recursos y completa sobre las leyes referidas a Malvinas» y destacó «un desafío de gran dimensión para todos nosotros».

Emergencia turística

El proyecto de sostenimiento y la reactivación productiva de la actividad turística nacional, en el marco de la pandemia de coronavirus, obtuvo media sanción el pasado 13 de agosto por unanimidad en el Senado. Plantea declarar la emergencia por 180 días, «prorrogables por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.

La iniciativa, en sus fundamentos, sostiene la necesidad de «paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva”.

El proyecto, además, prorroga para el sector turístico el reparto del ATP, asistencias económicas a pymes, la reducción de contribuciones patronales, planes de moratoria, suspensión de embargos, reducción de alícuotas de la ley del cheque.

También habrá un incentivo para la preventa de paquetes turísticos nacionales, bonos vacacionales para los consumidores y un plan de devoluciones de servicios que no pudieron ser brindados.

Los rubros comprendidos en el expediente son los servicios de alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios de licenciados en turismo, los centros turísticos, los alquileres de bienes, las bodegas, jardines botánicos, zoológicos, parques, organizaciones de ferias y congresos, gastronomía, servicios de salones, productos regionales y producción de espectáculos.

Multas a la Pesca Ilegal

El proyecto propone tomar para calcular la pena económica una variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

De acuerdo a esta propuesta, las multas oscilarán entre los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros, lo que equivale a un piso de 1,1 millones de dólares y un techo de 6,5 millones de dólares.

En tanto, el texto contempla que se implemente el mismo mecanismo vinculado al litro de gasoil para el resto de las sanciones que pudieran corresponder a buques nacionales; naturalmente, con mínimos y máximos menores a los establecidos para cuando la infracción sea pescar sin permiso.

Este Régimen Federal de Pesca previsto en la Ley N° 24.922 y sus modificatorias, en el Capítulo XIII, «Régimen de Infracciones y Sanciones», establece el procedimiento para la ejecución de las infracciones y la determinación de las sanciones que puede aplicar la Autoridad de Aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente.

En el caso de embarcaciones extranjeras, la Autoridad de Aplicación podrá además disponer la retención del buque en puerto argentino hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.

Asimismo, el proyecto establece que los gastos originados por servicios de remolque, practicaje, portuarios, tasas por servicios aduaneros, sanitarios y de migraciones, que se generen por el buque infractor; y los gastos en los que incurran los organismos actuantes en la órbita del Sector Público Nacional.

Esos gastos, de acuerdo al texto, serán devengados como consecuencia de la comisión de infracciones y deberán ser abonados por el propietario o armador o su representante, previo a su liberación.

A su vez, la iniciativa del Poder Ejecutivo enumera las posibles sanciones que van a aplicar de acuerdo a las características del buque, la gravedad del ilícito y los antecedentes del infractor, que van desde multas, suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción por un plazo que puede ir desde los cinco días a un año.

 

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